La Iglesia católica y el largo saqueo de América Latina

SÍNTESIS INICIAL
Desde 1492, la Iglesia católica operó en América Latina no como institución espiritual sino como brazo administrativo de la conquista; legitimó el exterminio de entre 50 y 56 millones de personas, destruyó templos milenarios para construir iglesias sobre sus cimientos, impuso la conversión por la fuerza y la violencia sexual como herramienta de dominación. Cinco siglos después, el mecanismo continúa bajo otras formas. En Colombia, más de 585 sacerdotes han sido denunciados por pederastia y abusos sexuales, de los cuales apenas 51 fueron condenados. La institución goza de exención total de impuesto a la renta, sus propiedades de culto no pagan impuesto predial, y el Concordato firmado con el Estado en 1973 le garantiza una deuda perpetua pagada con fondos públicos. La Iglesia no es una reliquia histórica. Es una estructura de acumulación y de impunidad que sigue operando con plena eficiencia.

En el año 1500, América albergaba entre 50 y 80 millones de personas. Para inicios del siglo XVII, la población había caído a menos del 10% de esa cifra. Los académicos del University College of London calculan 56 millones de muertos. La espada española y las epidemias hicieron el trabajo físico; la cruz proveyó la justificación teológica y los funcionarios sobre el terreno.

La máquina colonial

Los frailes que desembarcaron en el Nuevo Mundo eran funcionarios de la Corona, financiados por el rey y desplegados con una encomienda precisa, según el historiador Antonio Rubial de la UNAM. La misión no era salvar almas; era producir sujetos fiscalmente explotables. “Venimos a darles la salvación”, le decían a los indígenas, “a cambio ustedes deben trabajar para nosotros”. La distancia entre esa frase y un contrato de servidumbre es puramente ceremonial.

El instrumento jurídico de ese orden era el “requerimiento”, documento que se leía en voz alta, en castellano, a las comunidades indígenas antes de atacarlas. Informaba que el papa había donado esas tierras a los reyes de España y que si los nativos no aceptaban de inmediato la soberanía española y la fe católica, la guerra que seguiría sería responsabilidad de ellos. Se leía frente a personas que no entendían la lengua, en la selva, a menudo de noche. Era teatro jurídico diseñado para producir la apariencia de consentimiento donde no existía ninguno. La Iglesia redactó el documento. La Iglesia bendijo el procedimiento.

Las masacres que siguieron a ese teatro son asunto de registro histórico. En la Matanza de Cholula (1519), Hernán Cortés y sus aliados asesinaron entre 3.000 y 6.000 personas en pocas horas. En la Matanza del Templo Mayor, en mayo de 1520, Pedro de Alvarado dio orden de acuchillar a los nobles mexicas que celebraban una ceremonia religiosa con autorización de las propias tropas españolas. Masacres similares ocurrieron en toda la geografía del continente durante dos siglos. Fray Bartolomé de las Casas fue el único eclesiástico que documentó las atrocidades con detalle. Que fuera la excepción y no la norma es, en sí mismo, un dato sobre la institución. En el territorio que hoy es Colombia, el mismo patrón se aplicó desde los años 1530. Las comunidades muiscas del altiplano vieron destruidos sus templos y sus huacas; los achagua de los Llanos fueron sometidos a conversiones forzadas en haciendas misioneras donde el trabajo era obligatorio.

DATO CLAVE
Entre 1500 y principios del siglo XVII, la población indígena de América cayó de entre 50 y 80 millones a menos de 6 millones de personas, según estimaciones del University College of London. Los historiadores califican ese proceso como el mayor genocidio de la historia humana en términos absolutos. La Iglesia católica no solo no lo impidió sino que lo justificó teológicamente y participó en su administración directa a través de las encomiendas.

El borrado del mundo

La destrucción de las culturas indígenas no fue colateral al proyecto colonial; fue su condición de posibilidad. Para convertir a un pueblo, primero hay que vaciarlo de sus referencias. Los misioneros españoles lo comprendieron con claridad y actuaron en consecuencia. Quemaron códices, destruyeron templos, persiguieron a sacerdotes indígenas y prohibieron las ceremonias bajo pena de tortura o muerte.

La arquitectura lo dice todo. En Ciudad de México, la Catedral Metropolitana se levanta exactamente sobre el Templo Mayor de Tenochtitlan, la estructura religiosa más importante del Imperio mexica. Sus cimientos utilizaron las piedras de la pirámide desmantelada. La elección del emplazamiento no fue práctica; fue declaración de principios. En Honduras, la iglesia de Santiago de Posta fue construida sobre un templo maya del año 900 d.C., reutilizando sus bloques esculpidos y cubriéndolos con estuco para ocultarlos. En toda Mesoamérica, en los Andes, en los territorios que hoy son Colombia y Venezuela, el patrón se repite sin variación. El templo cristiano sobre la huaca destruida no es una casualidad geográfica; es una operación semiótica deliberada que busca sustituir el referente sagrado en el territorio y en la memoria colectiva.

“El colonialismo no se satisface con mantener al pueblo en sus redes. Por una especie de perversión de la lógica, se orienta hacia el pasado del pueblo oprimido, lo distorsiona, lo desfigura, lo aniquila”, escribió Frantz Fanon en Los condenados de la tierra (1961). Las piedras del Templo Mayor en los cimientos de la Catedral no son metáfora; son la aplicación literal de ese principio.

En Colombia, la Comisión de la Verdad documentó cómo las misiones capuchinas y jesuitas en territorios como Tierradentro, el Putumayo y el Valle de Sibundoy usaron dispositivos sistemáticos de control sobre las comunidades indígenas locales. Los Camentsá del Valle de Sibundoy fueron sometidos a un proceso de conversión que articuló, según análisis académicos revisados por Dialnet, “acciones de conversión espiritual e inserción a un modelo productivo diferente al propio, como dos frentes claves de su colonización”. La religión y la explotación económica no eran actividades paralelas. Eran la misma actividad descrita con vocabularios distintos.

Los cuerpos como territorio

La violencia sexual es parte estructural de toda conquista, y la conquista de América no fue diferente. Lo que sí la distinguió es que la Iglesia, a través de su autoridad moral y de la institución del fuero eclesiástico, garantizó durante siglos la impunidad de esa violencia cuando la ejercían sus propios miembros. En el virreinato era impensable detener a capitanes, hidalgos o autoridades eclesiásticas por actos de violencia sexual sobre mujeres indígenas, que gozaban de impunidad absoluta. El cuerpo de las mujeres indígenas fue territorio de conquista de la misma manera que lo fue la tierra. El mestizaje que produjo ese proceso no fue intercultural; fue forzado. Las consecuencias de ese origen violento siguen estructurando la jerarquía social de Colombia, donde la población indígena constituye la casta más empobrecida y más estigmatizada del país.

Lo que persiste con fidelidad institucional no es el crimen sino el mecanismo que lo protege. En Colombia, la investigación periodística de CasaMacondo y el periodista Juan Pablo Barrientos identificó 585 sacerdotes denunciados por pederastia y abusos sexuales. De esos 585, la Fiscalía General conocía 350 casos y archivó la mayoría por prescripción. Solo 51 sacerdotes fueron condenados. En 2024, 160 de los denunciados seguían ejerciendo el sacerdocio, y tres de ellos reincidieron ese mismo año. La cifra total de abusadores podría superar los 4.000, si la Iglesia entregara el 87% de sus archivos que aún retiene bajo reserva canónica.

El caso de Villavicencio ilustra la arquitectura de esa impunidad. En marzo de 2020, 38 sacerdotes de la Arquidiócesis de Villavicencio fueron denunciados por abusar sexualmente e inducir a la prostitución a un mismo hombre desde los 14 años. El arzobispo Óscar Urbina Ortega suspendió a los sacerdotes, esperó a que bajara la presión mediática y los fue restituyendo uno a uno. La Fiscalía interrogó a la víctima en los primeros días e interrogó a nadie más. El vicario que organizó la estrategia de encubrimiento, William Prieto Daza, fue ascendido a obispo de San Vicente del Caguán en 2024. Si se tratara de 38 médicos del mismo hospital, el proceso habría seguido otro camino.

DATO CLAVE
De los 585 sacerdotes colombianos denunciados por CasaMacondo, apenas 51 fueron condenados. Los 137 obispos encubrieron cada uno al menos un caso; los prelados reportaron voluntariamente solo 40 a la Fiscalía. En 2024, tres reincidieron en activo. La Corte Constitucional tuvo que fallar dos veces para que la Iglesia entregara apenas el 13% de la información solicitada.

El privilegio como continuidad

La Iglesia no acumuló poder en el siglo XVI para perderlo en el XXI. Su presencia en Colombia es hoy la de una corporación inmobiliaria, financiera y educativa con exención tributaria completa y protección estatal garantizada por tratado internacional.

El Concordato firmado entre Colombia y la Santa Sede en 1973 reconoce a la Iglesia personalidad jurídica plena, le garantiza el derecho a adquirir, poseer y administrar bienes muebles e inmuebles sin restricción, y exime de impuesto predial a todos los edificios destinados al culto, curias diocesanas, casas episcopales y seminarios. El artículo 22 del Concordato de 1887, reafirmado en 1973, establece algo aún más revelador, al reconocer “a perpetuidad” una deuda del Estado colombiano con la Iglesia, como compensación por los bienes desamortizados en el siglo XIX. El Estado colombiano lleva más de 130 años pagando una renta perpetua a una institución privada por haberle expropiado tierras que ella misma acumuló sobre territorios arrebatados a las comunidades indígenas durante la colonia. El ciclo del saqueo cierra perfectamente sobre sí mismo.

La DIAN reportó un patrimonio agregado de 9,7 billones de pesos para el conjunto de instituciones religiosas registradas en Colombia, con ingresos superiores a 4 billones anuales. La Iglesia católica no publica sus propias cuentas. La Iglesia católica no comparte información alguna sobre sus finanzas ni su patrimonio inmobiliario. Si se aplicara la tarifa del impuesto de renta empresarial del 35%, el recaudo adicional al Estado sería de aproximadamente 2,8 billones de pesos anuales, según cálculos del gobierno Petro en el marco de su reforma tributaria. Ese dinero no se recauda. La justificación oficial es la función social de las iglesias. La pregunta que el Congreso elude es qué porcentaje de esa función social existe realmente y cuánto se destina a financiar los abogados que contratan los arzobispos para bloquear a los periodistas que preguntan por sacerdotes pederastas.

Conclusión

La historia de la Iglesia católica en América Latina no es la historia de una institución que cometió errores en el pasado y luego se reformó. Es la historia de un mecanismo de extracción que se adapta formalmente mientras conserva sus privilegios estructurales intactos. La evangelización forzada del siglo XVI y el archivo secreto de sacerdotes pederastas del siglo XXI son expresiones distintas del mismo principio operativo; la institución opera por encima de la ley porque el Estado, por conveniencia política, tolera esa posición.

El vocabulario cambia. Ya no se habla de “bárbaros” que necesitan salvación; se habla de “función social” que justifica la exención tributaria. Ya no se destruyen templos con pico y pala; se archivan causas penales por prescripción. Los instrumentos se modernizan pero el resultado es el mismo, impunidad sostenida, acumulación protegida, silencio institucional. Ese hilo continuo entre la cruz plantada en 1492 y el Concordato vigente en 2026 no es historia; es infraestructura. Lo que reproduce la marginación de las comunidades indígenas no es el olvido sino la arquitectura jurídica y fiscal que la Iglesia sigue habitando con entera comodidad…

G.S.

Fuentes

• “How the arrival of Europeans affected the Americas”, University College of London / The Conversation, enero 2019
• “Tenochtitlan: cuántos indígenas murieron en la Conquista de México”, Infobae, julio 2022
• “The Destruction of the Indigenous Peoples of Hispano América”, reseña de Eitan Ginzberg, Scielo México, 2019
• “El amor predicado por la evangelización y la violencia ejercida por los conquistadores”, UNAM Global, Antonio Rubial, agosto 2019
• “Sincretismo religioso en Ciudad de México colonial”, OER Project, mayo 2024
• “Iglesia construida con piedras de un templo Maya”, Honduras Is Great, abril 2022
• “Evangelización, encubrimiento y resistencia indígena” (caso Camentsá, Valle de Sibundoy), Dialnet, 2016
• Comisión de la Verdad de Colombia, sección “Evangelización”, comisiondelaverdad.co
• “La revelada violencia sexual en tiempos de la Conquista”, Las2Orillas, octubre 2021
• “El archivo secreto: la lista de curas denunciados por pederastia y abuso sexual en Colombia”, CasaMacondo, Juan Pablo Barrientos, 2023-2025
• “Pederastia en Villavicencio: 5 años de impunidad”, CasaMacondo, abril 2025
• “Corte Constitucional emitirá histórico fallo sobre diócesis”, Infobae Colombia, abril 2025
• “Silencio e impunidad, la sombra de los abusos en la Iglesia latinoamericana”, EFE / MDZ Online, febrero 2022
• “Las víctimas de abuso sexual en ámbitos religiosos en Colombia pasan a la acción ante la ineficacia del Estado”, Ángel Villazón Trabanco, septiembre 2025
• “La religión no paga impuestos, pero factura billones”, El Espectador, Salomón Kalmanovitz, febrero 2025
• “Las iglesias manejan billones de pesos en Colombia y ahora podrían perder su exención tributaria”, Infobae Colombia, marzo 2025
• Ley 20 de 1974, Concordato entre la República de Colombia y la Santa Sede, 1973
• Sentencia C-027/93, Corte Constitucional de Colombia
• “El Concordato con la Iglesia Católica sigue vigente”, Diplomacia Abierta, abril 2023